El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suspensión por 90 días del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una política complementaria destinada a estudiantes en situación de vulnerabilidad. La decisión comenzará a regir el 1° de mayo y responde a la necesidad de reorientar recursos hacia el Servicio Alimentario Escolar (SAE), considerado el eje central del esquema alimentario.
La resolución, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, se fundamenta en el contexto económico y en el incumplimiento de transferencias por parte del Estado nacional, según indicaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En ese marco, se definió una suspensión “de carácter transitorio” del MESA, creado durante la pandemia para la entrega de módulos alimentarios.
En paralelo, la Provincia anunció un aumento del 30% en la inversión del SAE, que pasará de $41.000 millones a $54.000 millones mensuales, además del refuerzo de otros programas alimentarios y sociales. El SAE alcanza actualmente a más de 2,4 millones de estudiantes en más de 11.000 establecimientos educativos en todo el territorio bonaerense.
En Balcarce, la medida se inscribe en un escenario ya abordado en el Concejo Deliberante, donde recientemente se debatió el impacto del programa MESA en la comunidad educativa local. El esquema venía funcionando como complemento clave para familias en situación de vulnerabilidad, por lo que su suspensión genera interrogantes sobre cómo se sostendrá la asistencia alimentaria en el distrito.
Desde la Provincia sostuvieron que el MESA “ha probado ser una herramienta eficaz pero accesoria”, y que la prioridad es fortalecer el SAE para garantizar la cobertura diaria en las escuelas. No obstante, el recorte temporal del programa abre un nuevo eje de discusión a nivel local, en un contexto de creciente demanda social y presión sobre los recursos municipales y provinciales.
En este escenario, el Ejecutivo bonaerense también confirmó una movilización para el 29 de abril hacia el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de reclamar fondos que permitan sostener la asistencia alimentaria en los municipios.
