En la mañana de este martes, el exintendente José Luis Pérez visitó los estudios de GABAL y se refirió, entre otros temas, a la resolución judicial relacionada con la demanda que había iniciado contra concejales tras la creación y posterior anulación de una comisión investigadora durante su gestión.
Pérez recordó que la acción judicial se originó en 2009, luego de que el Concejo Deliberante conformara una comisión para revisar decretos de su administración, lo que, según sostuvo, fue una medida irregular. “La asesoría general de gobierno ya había dicho en su momento que estaba viciada de nulidad y que era ilegal”, explicó.
El exjefe comunal señaló que decidió avanzar con una demanda civil por calumnias e injurias debido al daño que, a su entender, le ocasionaron las acusaciones públicas, que incluso trascendieron a medios nacionales. En ese contexto, la Justicia confirmó el rechazo de la demanda, pero introdujo consideraciones que Pérez calificó como “reivindicatorias”.
Según relató, el fallo de Cámara analizó el caso desde su origen y consideró que la comisión investigadora había sido creada sin un hecho concreto que justificara su conformación. Además, indicó que se reconoció la intencionalidad política detrás de esa decisión y el impacto mediático que tuvo en su figura pública.
Sin embargo, explicó que la sentencia se mantuvo en contra de su planteo por la existencia de fueros que amparan a los concejales en el ámbito legislativo. Aun así, destacó que la resolución judicial contempló una excepción respecto a las costas del juicio, por lo que cada parte deberá afrontar sus propios gastos legales.
“Para mí es absolutamente reivindicatoria la sentencia. Cuando uno lee el título parece otra cosa, pero el análisis que hicieron los jueces es muy profundo y reconoce que mi reacción estaba justificada”, expresó.
Pérez valoró especialmente que el fallo haya considerado que, en todo el tiempo transcurrido, no se presentaron pruebas que acreditaran irregularidades en su gestión ante organismos de control como el Tribunal de Cuentas o la Oficina Anticorrupción.
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