Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.
En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.
Además, le recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.
Desde la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.
La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia que está calculada en USD 16.000 millones, porque aseguran que hay razones legales para reducirla. La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia.
