En medio de fuertes tensiones políticas, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta comenzó este miércoles a debatir el proyecto de reforma política impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye modificaciones electorales de amplio alcance y el tratamiento conjunto de la iniciativa conocida como “Ficha Limpia”.

El principal foco de conflicto surgió luego de que la Casa Rosada decidiera no habilitar el tratamiento por separado del proyecto que busca impedir candidaturas de dirigentes condenados en segunda instancia judicial, un compromiso que el oficialismo había asumido con bloques dialoguistas.

La reunión fue encabezada por el senador Agustín Coto y se desarrolló en un clima de tensión, especialmente por los cuestionamientos de aliados parlamentarios que reclaman precisiones sobre el contenido de la reforma.

Uno de los puntos centrales del proyecto libertario es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, el oficialismo todavía está lejos de reunir los votos necesarios para avanzar con esa modificación.

Al tratarse de una reforma electoral, la iniciativa requiere mayoría absoluta en el Senado, es decir, al menos 37 votos afirmativos. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, por lo que necesita el respaldo de sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales.

Dentro de la oposición dialoguista ya comenzaron a surgir alternativas intermedias. Uno de los planteos es transformar las PASO en un mecanismo optativo, eliminando únicamente el carácter obligatorio de las primarias.

Además de las modificaciones al sistema electoral, el proyecto propone una fuerte reducción del financiamiento público de campañas, la eliminación de espacios gratuitos de publicidad electoral y la ampliación de los aportes privados, medidas que generan resistencias en distintos sectores políticos.

Otro punto incluido en la iniciativa habilita incorporar cargos locales —como legisladores provinciales o concejales— en elecciones concurrentes con los comicios nacionales. Según analizan distintos bloques, esto podría beneficiar a gobernadores aliados con el oficialismo mediante un eventual efecto arrastre de las candidaturas nacionales.