El Gobierno Nacional publico este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que introduce severas modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871 y a la Ley de Ciudadanía N°346. Aunque el foco, estuvo puesto en el Régimen de ingreso, permanencia y deportación de Extranjeros, se añadieron una serie de modificaciones en lo relacionado con el acceso a la salud y la educación pública.

La norma fue firmada por el presidente en acuerdo general de ministros, con el objetivo declarado de “proteger el bienestar y la seguridad de los ciudadanos argentinos”. Las medidas habían sido anunciadas el 14 de mayo pasado, en la recta final de la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, por el vocero presidencial y legislador electo Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El decreto endurece los requisitos para el ingreso, permanencia y obtención de la ciudadanía por parte de extranjeros, en un contexto que el Gobierno describe como de “afluencia masiva e irregular” de migrantes.

Entre los cambios más destacados se encuentra la limitación del acceso gratuito a la salud y a la educación universitaria pública para extranjeros sin residencia permanente, el fortalecimiento del control fronterizo, y la exclusión del Poder Judicial en el proceso de otorgamiento de la ciudadanía por naturalización. La medida materializa el objetivo planteado por el presidente Javier Milei durante el discurso que brindó en la Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación. “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, sostuvo el mandatario en esa oportunidad.

A partir de ahora, los extranjeros sin residencia permanente solo podrán acceder al sistema de salud en caso de emergencia. Deberán contar con Seguro Medico o pagar por los servicios recibidos. A su vez, el decreto habilito a las universidades publicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente alegando la equidad de acceso a servicios financiados por el contribuyente argentino.

El Gobierno justifico la medida con cifras: en 2024, el el gasto estatal en atención hospitalaria a inmigrantes habría alcanzado los $ 114.000 millones, mientras que en universidades como la UBA, más del 25% de los estudiantes de medicina eran extranjeros, según datos oficiales. En cuanto a la ciudadanía, el DNU traslada el proceso de otorgamiento desde el Poder Judicial hacia la Dirección Nacional de Migraciones, alegando la necesidad de mayor seguridad y eficiencia.

También se habilita la ciudadanía por inversión “relevante”, que será definida por el Ministerio de Economía. De esa manera, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión con la función de “diseñar, gestionar y controlar los programas destinados a atraer extranjeros que contribuyan al crecimiento de la Argentina”. Estará a cargo de un director ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.