El fiscal federal Diego Luciani, quien encabezó la acusación en la causa Vialidad que terminó con la condena a seis años de prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que la Justicia avance con la ejecución del decomiso de bienes valuados en más de 500 millones de dólares dispuesto tras el fallo.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, afirmó Luciani durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en un hotel porteño.
El fiscal explicó que junto a su par Sergio Mola presentaron un dictamen ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) para que se concrete la medida, luego de haber vencido el plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $684.990.350.139,86, equivalentes a unos 500 millones de dólares.
“Esa es la pelea que estamos dando. Esperamos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme”, sostuvo.
Durante su exposición, Luciani recordó que la investigación demostró que “los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner instauraron en la provincia de Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”.
El fiscal ejemplificó el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, uno de los condenados, señalando que “no tenía bienes registrables cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y en 12 años adquirió más de 420.000 hectáreas, más de 400 inmuebles y 55 millones de dólares fugados al exterior”.
“Esto es lo que les quitan a las personas más vulnerables —añadió—. La gran corrupción atenta contra los derechos humanos y contra la democracia, como lo establece el artículo 36 de la Constitución Nacional”.
Finalmente, Luciani denunció que durante el gobierno de Alberto Fernández los fiscales y jueces fueron “sometidos a operaciones y presiones impensadas en democracia” y sostuvo que existieron acciones concretas “para lograr la impunidad de altos funcionarios juzgados por hechos graves de corrupción”.
