El Gobierno bonaerense avanza con un proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta fue presentada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, y apunta a establecer un marco normativo con nuevas herramientas de protección laboral, seguridad y asistencia estatal.

Según explicó el funcionario desde la Casa de Gobierno en La Plata, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, señaló Correa.

La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de trabajadores de plataformas, además de una mesa interministerial integrada por las áreas de Trabajo, Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno, que estará encargada de coordinar la implementación de las medidas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el desarrollo de una aplicación oficial integrada con MiPBA, que permitirá registrar a los trabajadores, acceder a distintos servicios y generar estadísticas sobre la actividad.

La aplicación también incorporaría herramientas vinculadas a la seguridad. Entre ellas se encuentra un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para situaciones de accidentes ocurridos durante la jornada laboral o los desplazamientos.

Además, la propuesta establece la obligatoriedad de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica, tanto durante el tiempo de trabajo como en los trayectos vinculados a la actividad.

“Incorpora los seguros obligatorios que hoy no lo tienen”, sostuvo el ministro al explicar los alcances del proyecto.

Por otra parte, el texto prevé mayores obligaciones para las empresas de plataformas digitales, que deberán informar cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer las tareas de fiscalización y generar mayor transparencia.

La iniciativa también incluye controles sobre los centros de distribución y almacenamiento conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y sistemas de georreferenciación para identificar los puntos de operación.