Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo consiguió un respaldo clave para una de sus principales iniciativas: la reforma laboral, que ahora será tratada en la Cámara de Diputados. El Gobierno busca convertirla en ley antes del 27 de febrero, dentro del período de sesiones extraordinarias.

La sesión se extendió durante quince horas y estuvo atravesada por fuertes cruces en el recinto y tensión en las afueras del Congreso. La votación en general se concretó a la 1.20 de la madrugada y el debate en particular finalizó minutos antes de las 4.

El proyecto fue acompañado por los 20 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y representantes de bloques provinciales como el Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños.

El rechazo reunió 30 votos, aportados por el interbloque peronista —Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico de Santiago del Estero— más dos legisladores de Santa Cruz.

En el tramo final del debate estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los principales cambios

La iniciativa oficial contempla:

• Incentivos fiscales para promover el empleo formal.

• Topes a las indemnizaciones.

• Posibilidad de convenios colectivos por empresa.

• Creación de un banco de horas.

• Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Durante la discusión en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por el peronismo.

En el capítulo sobre aportes sindicales, se resolvió mantener el sistema vigente pero con un tope del 2% para los gremios y del 0,5% para las cámaras empresarias, sin plazo de caducidad.

En paralelo, se confirmó que solo las entidades bancarias podrán pagar salarios, salvo que las billeteras virtuales se adecuen a la normativa del Banco Central.

En cuanto al INCAA, se mantendrá hasta 2028 el esquema actual de financiamiento —10% del precio de las entradas, 10% de la venta o alquiler de contenidos audiovisuales y 25% de la recaudación del ENACOM— y luego dependerá de partidas del Presupuesto Nacional.

Además, a último momento se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ya que no podía tratarse como proyecto independiente en extraordinarias.

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