La causa judicial por los hechos ocurridos en la Sociedad de Protección a la Infancia tendrá este miércoles un nuevo capítulo, cuando Alejandra Genero, presidenta de la comisión de la institución, y Marisa Benaduche, quien se desempeñaba como trabajadora, comparezcan ante el fiscal Rodolfo Moure para prestar declaración.
La investigación se originó a partir de la difusión de audios y registros que dieron cuenta de situaciones de maltrato, amenazas e insultos dirigidos a niños alojados en el hogar, hechos que generaron un fuerte impacto a nivel local y nacional. A partir de esas revelaciones, se activaron actuaciones judiciales y administrativas, además de la intervención de distintos organismos de protección de derechos.
La causa
Según expresó el fiscal Rodolfo Moure en GABAL las dos imputadas fueron citadas a declarar en calidad de implicadas en la causa. “Van a prestar declaración indagatoria y tienen el derecho de declarar o de negarse a hacerlo. Será la primera oportunidad formal que tendrán para dar su versión de los hechos”, señaló.
En cuanto a los menores, el fiscal indicó que se solicitó autorización judicial para realizar la Cámara Gesell. “Los chicos tienen derecho a ser oídos. Sus declaraciones pueden aportar más precisiones e incluso ampliar el objeto de la investigación a nuevos hechos”, explicó, aunque aclaró que aún no hay fecha definida para ese procedimiento.
Además, precisó los plazos del proceso judicial. “A partir de la declaración indagatoria tenemos cuatro meses para finalizar la investigación y elevar la causa a juicio. Las declaraciones de los menores se van a producir mucho antes de ese plazo”, concluyó.
Impacto local y nacional
En el plano local, el caso derivó en manifestaciones públicas en Plaza Libertad, donde vecinos se movilizaron para exigir justicia y protección para los niños, y en pronunciamientos de dirigentes políticos y autoridades municipales, que reclamaron prudencia, acompañamiento institucional y el resguardo del interés superior del niño.
Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó informes urgentes a los organismos provinciales y municipales y activó mecanismos de seguimiento para verificar las condiciones del hogar y las medidas adoptadas respecto de las personas denunciadas.
En el ámbito político local, también se presentó un proyecto para declarar “persona no grata” a Alejandra Genero en el Municipio de Balcarce, iniciativa que profundizó el debate público en torno a las responsabilidades institucionales y el funcionamiento de la entidad.
La declaración de Genero y Benaduche ante el fiscal se enmarca en esta etapa de la investigación, que busca esclarecer los hechos denunciados, determinar responsabilidades y evaluar eventuales medidas judiciales.
