El Gobierno nacional se prepara para lanzar una licitación nacional e internacional que incluirá a la Ruta Nacional 226, en el marco de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que contempla la concesión de 4.428,93 kilómetros de rutas estratégicas en el país. Esta iniciativa busca delegar en el sector privado el mantenimiento, la rehabilitación y la mejora de trazas clave, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

La Ruta 226, en el tramo que une Mar del Plata con Bolívar, forma parte del denominado “Tramo Atlántico”, uno de los ocho corredores viales incluidos en esta etapa. El plan oficial contempla obras de puesta en valor, reacondicionamiento de calzadas, mejoras estructurales obligatorias y la implementación del sistema de peaje electrónico “Free Flow”, que eliminará las barreras físicas tradicionales y permitirá el cobro automático a partir de 2027.

Además, las empresas que resulten adjudicatarias deberán cumplir con estándares específicos de mantenimiento, señalización, iluminación y seguridad, bajo un esquema de auditoría estatal y control de inversiones, según se desprende de los pliegos preliminares ya publicados.

La licitación —cuyo llamado oficial será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días— está contemplada dentro del Decreto 97/2025, que autoriza la privatización de estos corredores y prevé la disolución de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

El proceso está a cargo del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que lidera Diego Chaher. En paralelo, la justicia federal mantiene suspendido el Decreto 461 que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, una medida que el Gobierno considera necesaria para “reducir solapamientos operativos” con la Secretaría de Transporte.

La Ruta 226 es clave para la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, no solo por su conectividad productiva y logística, sino también por el tránsito creciente que la vuelve prioritaria en términos de infraestructura y seguridad. Por ello, su inclusión en esta nueva etapa de concesiones despierta expectativas y también interrogantes en torno a su futura gestión y el impacto en los usuarios.