El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta hoy una jornada crucial. El Consejo Directivo de INTA Central, compuesto por representantes de asociaciones de productores, el Gobierno y el sector académico, se pronunciará sobre una controvertida propuesta del presidente de la entidad, el ingeniero Bronzovich, que incluye retiros voluntarios, enajenación de propiedades y una reducción significativa de personal.
El impacto de estas medidas, en especial en la Estación Experimental de Balcarce —una de las más importantes del país y parte del Centro Regional Buenos Aires Sur (CeRBAS)—, genera preocupación en la comunidad local. Sin embargo, las asociaciones de productores, en general, han mostrado poca oposición. En contraste, el Consejo Asesor Local de Balcarce expresó su apoyo a las manifestaciones de rechazo provenientes de las Direcciones del INTA a nivel nacional.
Un debate con antecedentes históricos
La historia del INTA ha estado marcada por momentos de crisis. En los años 80, los empleados trabajaron sin calefacción; en los 90, enfrentaron el fantasma de la privatización. Más recientemente, en 2016, hubo un operativo de retiros voluntarios que encontró fuerte resistencia gremial.
En el contexto actual, la nueva gestión asumida en diciembre de 2023, respaldada por más del 50% de los votantes, ha enfatizado la necesidad de revisar todos los gastos del sistema científico-técnico. Entre los ajustes propuestos, destaca una reducción del personal de aproximadamente un 15%, lo que equivale a un empleado por cada 6,5. Aunque para algunos esta cifra puede parecer razonable, surgen dudas sobre el impacto en las áreas críticas de la institución.
Voces críticas y riesgos institucionales
El ex presidente del INTA, ingeniero Carlos Paz, criticó duramente la propuesta, señalando que parece más orientada al ajuste económico que a fortalecer la calidad científico-técnica. “Vender 25.000 hectáreas sin un análisis profundo es una barbaridad. Si bien el INTA necesita mejorar muchas cosas, este recorte dilapidará los recursos invertidos en capacitación”, afirmó.
Además, destacó que el INTA, que trabaja tanto con grandes empresas como con la agricultura familiar, especialmente en el norte del país, atesora bancos genéticos vivientes que podrían verse afectados por la venta de tierras. Estas reformas, argumentó, parecen centrarse exclusivamente en la Pampa Húmeda, dejando de lado el impacto en las economías regionales.
Un desafío presupuestario y político
El destino del INTA también está ligado al Presupuesto Nacional, actualmente en debate en el Congreso. Será responsabilidad de los legisladores asignar los fondos necesarios para mantener las actividades de la institución sin comprometer su misión histórica.
A pesar de su relevancia para el desarrollo agropecuario, el INTA no ha logrado obtener un respaldo contundente de las entidades que representan a los productores rurales. Esto deja un interrogante sobre el nivel de compromiso del sector frente a un posible ajuste que podría transformar profundamente una de las instituciones clave para la innovación tecnológica en el agro argentino.
Hoy, el futuro del INTA está en juego, y las decisiones que se tomen marcarán un antes y un después en su historia.
