La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con impacto político en la provincia de Buenos Aires luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán imputara a su hermano, Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y se centra en supuestas inconsistencias patrimoniales y posibles maniobras vinculadas al crecimiento económico declarado por el dirigente de La Libertad Avanza.

La hipótesis judicial apunta a un presunto incremento patrimonial injustificado desde diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, en 2025, pasó a desempeñarse en el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Según consta en la denuncia, en su declaración jurada inicial presentada en febrero de 2024 declaró poseer el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,7 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 valuado en $5 millones, totalizando un patrimonio de $43,7 millones y sin registrar deudas.

Sin embargo, la investigación señala que en la declaración jurada correspondiente a 2025 el patrimonio ascendió a $80,5 millones. El incremento habría quedado explicado principalmente por la incorporación de un Jeep Renegade modelo 2020 valuado en $8 millones y la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones.

En paralelo, la investigación sobre Manuel Adorni continúa avanzando por separado en los tribunales federales, en medio de distintas revelaciones vinculadas a movimientos patrimoniales y financieros del entorno familiar del funcionario.

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